junio 26, 2019

Bonadío | Contra toda Ley

Bonadío | Contra toda Ley

En una secuencia de resoluciones judiciales que avergüenzan a la Nación, el juez federal Claudio Bonadío, con impulso en el gobierno liberal y amparo de los medios concentrados, dispuso la detención de personas sobre las que ni siquiera recae la sospecha de algún delito.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por la firma del Memorándum con Irán. Por esa causa también fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Khalil. Oscar Parrilli y Andrés Larroque resultaron procesados; en su caso se les impuso la prohibición de salir del país.

Bonadío pidió el desafuero y la prisión preventiva para la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán.

El juez resolvió además la detención del ex canciller Héctor Timerman. Por su delicado estado de salud se solicitó la prisión domiciliaria. A la madrugada fueron detenidos el ex secretario General de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente político social Luis D’Elía.

Las órdenes del magistrado se hicieron efectivas a primera hora de la madrugada con las detenciones de Zannini, en Río Gallegos, y de D’Elía. Efectivos de la Policía Federal llegaron hasta la casa del referente de la comunidad islámica en Argentina Jorge “Yussuf” Khalil, quien también fue arrestado.

Bonadio avanzó en el disparate planteado por el fallecido fiscal Nisman, que consideró la firma del Memorándum con Irán como traición a la patria. El Memorándum fue aprobado en el Congreso por diputados y senadores y ni siquiera quienes votaron en contra señalaron que fuera ilícito.

El Memorándum entre la Argentina e Irán fue el único acto concreto realizado por el Estado Nacional para lograr el esclarecimiento del atentado acaecido el 18 de julio de 1994. Tanto el juez federal Juan José Galeano como el fiscal Alberto Nisman barrieron bajo la alfombra cualquier perspectiva investigativa.

Con el objetivo de ocultar a los verdaderos autores del atentado, Galeano, Nisman, los servicios de inteligencia argentinos y sectores empresariales ligados a los Estados Unidos, lanzaron sin asidero la hipótesis de la participación iraní en el ataque.

La acción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se orientó a la desarticulación de esa trama de complicidades al plantear el diálogo directo con los presuntos involucrados, funcionarios del Estado persa. Ahora Bonadío, pretende enjuiciar a quienes buscaron genuinamente la verdad.

MARCHA. El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, habló sobre las detenciones y los procesamientos absurdos ordenados por el juez Claudio Bonadio y llamó a marchar “contra la política de represión y la persecución a opositores que impulsa el Gobierno”.

“Es un proceso de persecución y represión. Queremos vivir en una país democrático y decidimos convocar a una marcha a Plaza de Mayo hoy a las 19 para terminar con el hostigamiento para quienes pensamos distinto al Gobierno y a los medios hegemónicos”, anunció hoy el dirigente social en una entrevista radial.

FUNDAMENTOS. Por su parte, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat indicó que la reactivación de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman representa la “pérdida del Estado de derecho en Argentina” al considerar que “es una causa de delito imposible e inexistente”.

En torno a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, dijo: “Creo que ni aun este Congreso que está tan deteriorado en su calidad jurídica va a prestar consenso en este desafuero porque sabe que esta causa es una payasada”.

A su entender la activación de la causa es “para encubrir las responsabilidades en el submarino ARA San Juan, es un gobierno que ha mandado a la muerte a 44 submarinistas y que necesita distraer con este circo que ahora se ha armado”.

GF / LSM / RG

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