mayo 22, 2019

Politizar la tecnología para gestionar la soberanía

Politizar la tecnología para gestionar la soberanía

Por Luis Lazzaro*

Un nuevo fantasma recorre el mundo; el de un colapso social globalizado a causa de la reestructuración productiva del planeta. Un proceso que impone la fractura económica y la desintegración política en el Norte y en el Sur. Esta coyuntura está empujada por una guerra entre corporaciones para dominar la versión digital del capitalismo. Batallan por la supremacía de los móviles 5G, la biotecnología, la robótica, la Inteligencia Artificial, la automatización de los objetos y la rentabilidad de las emociones, entre otras cosas.

El caso de Meng Wanzhou, la directora financiera del gigante tecnológico chino Huawei, detenida a pedido de Estados Unidos en Canadá, es apenas un botón de muestra de la guerra comercial y tecnológica que ha comenzado por el desarrollo y dominio de la quinta generación de tecnologías móviles, el 5G, considerada como el eje central de la transición de la economía, desde la robótica hasta la Inteligencia Artificial. Ya los casos de Wikileaks y de Edward Snowden habían mostrado al mundo que Estados Unidos consideraba que la batalla estratégica era la de la información.

¿Puede chocar la calesita mundial? Si. La geopolítica de la información, como materia prima del nuevo modelo productivo en su versión neoliberal, produce desplazamientos, pobreza y brechas crecientes en la sociedad. Pero también destruye el modelo industrial nacional, socava el sistema político y está poniendo de rodillas a la democracia. Al punto que empieza a ser indiferente un modelo sostenido en el voto popular que otro autoritario. Un informe reciente de Latinbarómetro dice que el apoyo a la democracia bajó 10 puntos en Argentina en solo un año (del 68% al 58%) y que un 22% de las personas les da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, mientras que un 14% piensa que un gobierno autoritario puede ser preferible.

Ello en un contexto de creciente descomposición de diversos formatos democráticos; liberales (caso Trump en Estados Unidos), de carácter social (caso el PT en Brasil con la aparición de Bolsonaro) o de regímenes socialdemócratas a la europea donde las formas republicanas se han convertido en barricadas humeantes (como en Francia). La reestructuración del capitalismo en su fase de transferencia del poder financiero a la economía de cuarta o quinta generación está haciendo crujir toda la estantería del siglo XXI y puede producir un holocausto social.

Aunque ya sucedió en 2001, el neoliberalismo tiene la astucia de volver a reinventarse desde las cenizas de su último descalabro. Acude para ello al viejo truco de lo que Herbert Marcuse denominó la “política de la tecnología”. El pensador alemán escribió en “El hombre unidimensional” (1954) “el aparato productivo tiende a hacerse totalitario en el grado en que determina, no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones individuales”. Es decir, gobierna el control de los procesos productivos mediante el paradigma de que todo –y especialmente los problemas sociales- se resuelven en forma tecnológica. Ese “autoritarismo” termina conduciendo la política hacia la tecno política como expresión superior del gobierno.

En la Argentina esas condiciones estructurales son agravadas por la injerencia del FMI en la política económica, el desprecio por el mercado interno y la compra fácil de bagatelas en el mercado mayorista de soluciones inteligentes que están descalabrando el sistema de transporte, haciendo cada vez más inútil al Estado y pagando fortunas a consultoras. Entre estas existen las que venden humo tecnológico (con aplicaciones en las que el Estado había invertido años de investigación y desarrollo), y otras como McKinsey para que diseñen –por ejemplo- la privatización y concentración del espectro radioeléctrico y de las plataformas TIC para cerrar el circuito de producción y distribución alrededor del insumo central que las alimenta: la información.

El reciente Documento del McKinsey Global Institute titulado “Aplicando inteligencia artificial para el bien social” (2018) dice que la información es la base de la inteligencia artificial (IA) y señala como conseguirla: “Los gobiernos se encuentran entre los recolectores de información más importantes, que pueden incluir datos sobre impuestos, salud y educación. Las compañías privadas también recolectan grandes volúmenes de datos, incluidos los operadores de satélites, las empresas de telecomunicaciones, los servicios públicos y las compañías de tecnología que operan plataformas digitales, así como sitios de medios sociales y operaciones de búsqueda”.

La versión tecno de la histórica bandera del peronismo sería ahora; la Justicia Social se conquista con la Inteligencia Artificial. ¡Si Evita viviera…!
De espaldas al descalabro que está causando su gestión, el gobierno de Cambiemos sigue aferrado a las recetas del capital financiero y a un discurso voluntarista sobre la “política de la tecnología” que consiste en proponer procedimientos informáticos y trámites a distancia para un Estado que está cada vez más lejos de los jubilados, de la salud, la educación y los pobres.

El área de Modernización del actual gobierno está empeñada en transferir las grandes bases de datos de la ANSES, la devaluada Secretaría de Trabajo, la AFIP y áreas enteras de Jefatura de Gabinete y de la Defensa a corporaciones como Microsoft, Facebook, Google o también a la supervisión del FMI o del Comando Sur de los EE.UU. Al mismo tiempo se desmantelan la arquitectura jurídica de las comunicaciones, las áreas de investigación y desarrollo tecnológico y los ámbitos de producción científica más avanzados del país. Se delega la gestión de la big data nacional a las grandes corporaciones de nube y se autorizan a satélites extranjeros para vender servicios sobre el espacio soberano mientras privatiza en más del 50% el tercer satélite argentino de comunicaciones. El ajuste liquida la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos, achica el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y alienta la megafusión corporativa en el sector infocomunicacional dejando desamparados a usuarios y ciudadanos.

La Revolución Industrial de Cuarta Generación es imposible en la Argentina por la simple razón de que han destruido la industria (su ocupación actual apenas supera el 50%). Como contrapartida, el gobierno de CABA la adjudica a la consultora McKinsey un contrato por un millón de dólares para ¡asesorar en la reparación de veredas! Según documentos oficiales (IF-20l7-03895280-EMUI) la adjudicación se basó en que “McKinsey manifiesta ser una compañía mundialmente reconocida corno líder a nivel global y clasificada entre las más destacadas en el rubro de servicios profesionales de consultoría”.

Pero el interés de la consultora, como también de Cambridge Analytica y de otras que manipulan las tendencias xenófobas, la justicia por mano propia y las inclinaciones electorales de los ciudadanos, no son las veredas; sino los datos. Según un informe de la agencia NODAL, el 98 por ciento del tráfico de Internet entre América Latina y el mundo circula por servidores de los EEUU. El 75 por ciento de la información que transita por el interior de nuestro subcontinente, también tiene domicilio “físico” en “nubes” estadounidenses. Los grupos GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) y NATU (Netflix, AirB & B, Tesla y UBER) son los protagonistas exclusivos de los flujos de circulación de contenidos y de los algoritmos que abren y cierran las compuertas según sus intereses y conveniencias.

Europa está cerrando cada vez más el grifo de circulación de datos, con leyes de privacidad, neutralidad de redes y multas por las pinchaduras sistemáticas de las bases de información personal. La mira está en la evasión impositiva, la publicidad encubierta, el tráfico de datos personales y la competencia desleal de los jinetes del GAFAM especialmente.

Por lo tanto, lo que hay que discutir es la política tecnológica como parte de un ejercicio de soberanía que restituya el interés nacional en el uso inteligente de la innovación y la tecnología aplicada. La cuestión es qué modelo de integración al mundo se propone en medio del escenario crítico de la reestructuración global de la economía. Si se trata de una integración subordinada y complaciente, se estará importando una bomba de fragmentación social y política que explotará más temprano que tarde.

La UNASUR llegó a esbozar fragmentos de una agenda soberana del manejo de flujos y la infraestructura de las comunicaciones para el continente. El gobierno de Dilma Rousseff enfrentó el espionaje de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU). con una ley para un control civil y soberano de Internet, que incluyó el principio de neutralidad de la red y la obligación de transparencia. También puso en discusión la jurisdicción soberana nacional sobre los datos de los operadores. La conspiración internacional que acabó con ese gobierno y varios de los miembros fundadores de la Unidad Sudamericana tiene sin dudas terminales tanto en las áreas de Seguridad e Inteligencia de los Estados Unidos como en sus cómplices de GAFAM y contratistas internacionales.

Argentina tendrá en breve 50 millones de sensores operativos que se corresponden con el concepto de IoT (Internet de las Cosas, en inglés) con aplicaciones diversas, personales, productivas, públicas, de servicios , etc. cuyo empleo y operación depende de la disponibilidad de recursos naturales –como espectro- e infraestructura. Por allí pasan la digitalización de la economía y de buena parte de la vida personal de los argentinos. Sin embargo ningún marco regulatorio consensuado y con aval parlamentario se aplica a este sector, destinado a convertirse en la nueva ola tecnológica de la revolución digital. Toda la política gira alrededor de las estrategias en redes y la dimensión de ciudadanía se subsume allí; se es ciudadano en tanto existe acceso –distinto de usufructo- digital, cuando debería ser a la inversa, garantizar el ejercicio de ciudadanía mediante la disponibilidad de recursos digitales que igualen las oportunidades de elección.

¿Es posible en estas condiciones pensar un escenario de recuperación de la soberanía política en democracia? No parece simple ni lineal. La sociedad desconfía cada vez más de un sistema político incapaz de mover la rueda productiva en su beneficio. Para ello habría que utilizar Inteligencia Soberana, en lugar de una Inteligencia Artificial subordinada. El atajo autoritario aparece como opción tentadora frente al desorden económico y social del modelo de desindustrialización, ajuste y endeudamiento y por eso se devalúa la democracia junto con el peso.

Pocas veces como ahora el sistema productivo y el sistema político han estado tan imbricados en un esquema que -retomando las dificultades de la democracia bajo la coacción de la comunicación- supone que a mayor expansión del tecno capitalismo mayor despolitización; a mayor visibilidad del individuo mayor ocultamiento del dispositivo de poder; a mayor información menor conocimiento.

La política, como arte de gestión y transformación de la realidad, se debate entre la mera administración de los condicionamientos tecnológicos con su impacto productivo y social o la construcción de instrumentos públicos que permitan su empleo para mejorar la calidad de vida ciudadana. El primer problema es superar el mito de la progresividad neutral que se ofrece con la expansión tecno científica por sí misma. Su solo despliegue no educa, no cura, ni da de comer como esperaba la naciente democracia de Alfonsín. Ello solo podrá acontecer con un Estado inteligente que regule sus posibilidades y tome partido en beneficio de las mayorías. Y para ello es casi condición que el ciudadano pueda “politizar” la democracia con su compromiso tanto físico como virtual, ejerciendo una fiscalización crítica de la gobernanza de las redes, del uso soberano de las políticas tecnológicas y con el regreso a la soberanía de la política en sus decisiones.

(*) Periodista, docente e investigador

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