Por Gabriel Fernández *
Hace más de cinco años que La Nación alimenta un acápite en el cuerpo del diario titulado, con un prejuicio explícito que nadie parece notar, “Corrupción K”. Las alambicadas inferencias, que pasan por certezas con el objetivo de generar titulares orientadores, suelen contar con un apreciable espacio en portada. Una decena de noteros ha puesto sus peores esfuerzos para insertar contenidos sin pruebas –apenas un puñado de fotocopias y el testimonio de algunos apretados por la AFI-; un grupo más reducido de editorialistas se basa en esos rumores para desarrollar la idea general: si un gobierno potencia la industria nacional y acrecienta el PBI, sus funcionarios merecen ser considerados deshonestos. No lo dicen así, claro.
El 25 de marzo pasado falleció el director del matutino, llamado con justicia Bartolomé Mitre. Horas atrás su hija, Esmeralda, denunció que el occiso había ocultado “bienes, muchísimo dinero y una cuenta en Suiza” con el objetivo de evitar compartirlo y, ante un dilema definitivo, traspasarlo a su madre Blanca Isabel Alvarez de Toledo. Según la mujer, cuyas ideas son mucho menos valiosas que su nombre, antes de morir don Bartolo “me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse, una cuenta de muchísimo dinero, de una suma imposible de gastar”. Añadió que su progenitora compartió “los años más pudientes, cuando los gananciales de los diarios eran enormes”.
Sea como fuere –gananciales o ganancias- la rubia indicó que entre otros espacios, los beneficios de Mitre provenían de Papel Prensa y del diario. En ambas empresas fue homenajeado con el cargo de director. Vale recordar que la primer compañía mencionada fue adquirida mediante violaciones a los derechos humanos –torturas a los genuinos accionistas– durante la dictadura ¡cívico! militar, según consta en los variados testimonios recabados para la causa judicial iniciada en 2010. En esa investigación se comprobó que los miembros del grupo económico que llevaban adelante Papel Prensa fueron detenidos irregularmente, desde 1977, en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield.
En abril de 2011 la Unidad Fiscal Federal de La Plata, calificó como “crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977”. Esas acciones “fueron promovidas por las máximas autoridades del Estado Nacional con la presunta colusión de los representantes y/o propietarios de Clarín, La Nación y La Razón”. Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), indicó públicamente y ante este periodista en particular, que lo resuelto por la fiscalía fue “un dictamen trascendente por la política de Derechos Humanos. Levantar el velo del poder civil y el rol que tuvo junto al poder militar es un tema sustancial en materia de derechos humanos”.
Pese a las evidencias concluyentes y las narraciones de las víctimas –entre ellas Lidia Papaleo-, el juez Julián Ercolini (¿lo ubica?) a cargo de la causa, dictaminó en 2016 el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz. Manifestó que no existía evidencia de que la venta fuera ligada a crímenes cometidos durante el proceso militar, ni de que la misma se hubiese concretado a un precio inferior al de mercado.
Empero, quien conoce la historia argentina sabe que esta causa es la frutilla en la crema de una trayectoria que, desde la fundación misma del medio en cuestión (1870), ha obtenido enormes recursos con dos grandes afluentes básicos: la participación en los negocios agroexportadores y el vínculo con un Estado que le prodigó las mayores inversiones publicitarias. Mientras este enriquecimiento se acrecentaba, el diario La Nación fue respaldando todos los golpes e intentos de golpe registrados desde aquél origen hasta este presente. Su lineamiento editorial liberal conservador, aperturista y pro exportador fue condimentado por tres grandes campañas de extenso despliegue: contra Hipólito Yrigoyen, contra Juan Domingo Perón y contra Cristina Fernández de Kirchner. Todas delineadas de modo semejante para “denunciar” la corrupción y el latrocinio de los gobiernos encabezados por esos estadistas.
Las enormes ganancias acumuladas a lo largo de ese infausto decurso, no sólo derivaron en la gruesa cuenta del Credit Suisse apuntada por Esmeralda –quien no merece ser caracterizada como agente K-, sino en el mismo andamiaje estructural de la compañía. Fíjese, interesado lector: La empresa que orienta el grupo es una sociedad anónima llamada La Nación SA, controlada desde 1996 por la firma MNMS Holding, propiedad en un 70% de un grupo inversor con sede en las transparentes Islas Caimán denominado Barton Corp y en un 30% de la familia Saguier. Es que el diario que lleva adelante las heroicas investigaciones que hasta el día de hoy se yerguen en sus páginas, además de contar con los afluentes indicados, se ha imbricado en los intereses de corporaciones financieras cuyas acciones enlazan con algunos de los emprendimientos internacionales que habitualmente se consideran “flagelos” y es mejor no detallar.
Solo digamos, como pistas, que resultan de dudosa certeza sus apreciaciones sobre la situación en Medio Oriente, sus consideraciones acerca del origen y abastecimiento de las bandas terroristas, sus caracterizaciones de antisemitismo para ciertos protagonistas de la vida internacional, sus evaluaciones sobre el rasgo dictatorial de determinadas administraciones, su ocultamiento de ostensibles sucesos violatorios de derechos humanos en este continente, su comprensión hacia las exigencias de entidades crediticias vinculadas con el adeudo de nuestras naciones. Y, claro, su delicada trama con el Grupo Noble, contenedor del omnipresente Clarín.
Quizás valga una observación más: la lujosa sede de la calle Florida (ahora galería comercial con ínfulas rococó) fue financiada como regalo por los proveedores de los ejércitos que perpetraron el genocidio paraguayo. En aquella ocasión (de 1864 a 1870), la Argentina gobernada por el Mitre original junto a Brasil y Uruguay, e impulsada por una briosa y creciente Gran Bretaña, aniquiló el intento industrial autonómico del pueblo guaraní.
Estas sencillas descripciones, corroborables sin tanto esfuerzo por quienes se adentren un poco en el conocimiento de la senda comunicacional argentina, no aparecen ni aparecerán en los medios tradicionales; ni siquiera en aquellos que carecen de vínculo directo con La Nación. El nombre Bartolomé Mitre emerge una y otra vez cuando se hace preciso historiar las desventuras de la Patria. El tataranieto, que brindó fundamento a los más recientes saqueos en este Sur, ni siquiera tuvo la decencia de comportarse adecuadamente con su mujer. Los beneficios obtenidos gracias a los recursos naturales, el trabajo, las ventas y la publicidad en estas playas, han derivado, y siguen fluyendo, al exterior. Como lo ha detallado el silenciado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, las firmas off shore no tienen otro objetivo que la fuga y la evasión.
Es para subrayar, como colofón, que las pesquisas periodísticas de esa entidad –donde revistaron profesionales del propio medio analizado aquí- ya no tienen espacio en las páginas de la tribuna de doctrina. La explicación es lógica: la tremenda corrupción de las administraciones nacional populares ocupan todo el espacio; son tan imponentes que no dejan lugar a un puñado de denuncias ínfimas sobre algunos pecados menores de los grandes hombres que sentaron las bases de la República.
- Director La Señal Medios / Sindical Federal / Área Periodística Radio Gráfica
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